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Abstract
Access to timely, impartial, and technically sound legal defense is a fundamental right to ensure procedural fairness and public trust in the justice system. This article examines the structural limitations of Peru’s current public defense model—lack of autonomy, absence of a professional career path, functional fragmentation, and resource constraints—and proposes the creation of a National Public Defense Office as a constitutionally autonomous institution. The proposal includes a specialized career track, independent budget, integration of victim assistance services, and citizen oversight mechanisms. Based on normative and comparative analysis, and supported by generative artificial intelligence, the study demonstrates the feasibility of a reform that ensures accessible, professionalized, and legitimate justice from the State.
Keywords
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